40.000 metros cuadrados que no aparecen por ninguna parte pueden ser los protagonistas de un nuevo escándalo político en Santa Marta, con consecuencias evidentes para la Construcción del Puente de la Serna.
A pesar de que LA VOZ DE SALAMANCA ha intentado sin éxito que los miembros de la Comisión Gestora de IU realizaran declaraciones al respecto, este Periódico Digital ha tenido conocimiento de que Izquierda Unida prepara un informe exhaustivo para remitirlo a la Fiscalía, en la que se ponen en conocimiento del Fiscal supuestas irregularidades como reconocerle a Arranz Acinas la propiedad de unos terrenos sin que la existencia de estos haya sido cotejada. De hecho tal y como se ha explicado en los diferentes debates sobre el famoso Convenio del Sector 2 de Santa Marta (La Serna), en el Convenio Urbanístico suscrito por Arranz Acinas y el Ayuntamiento tormesino, se establece que los promotores aportan 180.000 metros cuadrados, que sin embargo, en el propio convenio, acaban por fijar en 140.000 más otros 40.000 metros cuadrados «que se aportarán en su momento».
En el informe que prepara ya Izquierda Unida, se detalla que la «desaparición» de estos 40.000 metros cuadrados tiene una importante repercusión económica ya que el número de viviendas que el Ayuntamiento permite edificar a los constructores se hace en relación a los 180.000 metros que dicen tener en su propiedad.
La diferencia no es pequeña. En caso de que finalmente se demostrase que Arranz Acinas no puede aportar los 40.000 metros cuadrados restantes, el número de viviendas que se pueden edificar varía en unas 100 viviendas, o lo que es lo mismo, a precio de mercado, unos 18 millones de euros.
Izquierda Unida parece decidida a poner en manos de la Fiscalía todas los documentos que tiene relacionados con el Convenio del Sector 2, sobre todo, tras conocer que Salvador Cruz y Julián Lanzarote se mofaron de la organización de izquierdas, cuando llegó a sus oídos la posibilidad de que IU podía poner en conocimiento de la Fiscalía las supuestas irregularidades que rodean a esta operación urbanísitica.
En realiadad, las controversias en torno a este Convenio vienen de lejos. Los tres concejales del Partido Popular que han sido cesados por su Ejecutiva Provincial denunciaron sin éxito estas irregularidades ante su partido, que replicó asegurando que no se preocuparan porque la Comisión Territorial de Urbanismo daría el visto bueno. Curiosamente, en un tiempo record -unos días- esta Comisión ha autorizado que las obras del Puente de la Serna continuen. Llama poderosamente la atención que el Arquitecto Municipal de Santa Marta, presente en dicha Comisión, se haya desmarcado absteniéndose a la hora de dictaminar a favor de los trámites urbanísticos de este sector.
Por otro lado, fuentes allegadas al Partido Popular aseguran que la decisión de disolver la Ejecutiva Local del PP en Santa Marta estaba tomada desde varios días antes del Pleno en el que los concejales Justino Corchero, Jose Ángel Gracia y Margarita Fernández, se abstuvieran a la hora de votar el Convenio con Arranz Acinas. Es más, estas mismas fuentes aseguran que Salvador Cruz tenía previsto los cambios de su Partido en Santa Marta desde el momento en el que el PP votó en contra de la recalificación de los terrenos de los sectores 8 y 9 de Santa Marta, dando al traste con los intereses conocidos contructores como Campo o Hidalgo.
