El maestro Enrique Gimbernat reflexionaba en un brillante artículo (“La vida de nosotros” El Mundo 30/4/2008) sobre el escandaloso acuerdo alcanzado allá por el 2002 entre PP y PSOE para legalizar de facto la actividad del espionaje mediante un instrumento legal que teóricamente nacía para lo contrario: poner al servicio de los Jueces el control del CNI, salpicado en su versión anterior –CESID- por varios escándalos de escuchas ilegales al Rey y a políticos, bajo gobiernos de González y a la sede de HB -cuando era legal-, en la etapa de Aznar.

Según el catedrático de Derecho Penal, el amparo de una Ley a la violación del domicilio y las comunicaciones de personas inocentes -hasta que se demuestre lo contrario- sin su conocimiento ni el del Ministerio Fiscal, no solo es inconstitucional, sino que hace pedazos (otra vez) las mínimas garantías democráticas que rigen en un Estado de Derecho por mucha resolución motivada que dicte un Magistrado.

Con estilo menos académico pero con tanta sorna como capacidad para resumir la situación actual, Ángel Pérez, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, aseguraba que la trama madrileña de espionaje, urdida supuestamente por Francisco Granados, le recuerda a Anacleto “porque puede ser Agente, pero no secreto”.

Y no le falta razón, pues las desventuras del número dos de Aguirre bien pudiera haberlas protagonizado el insigne espía creado por Manuel Vázquez: espionaje a compañeros de partido y (a) adversarios, en una lucha tan opaca como esperpéntica por hacerse con el poder en una especie de escándalo Watergate en versión pepera, tiznado por personajes del hampa, financiado eso sí por el contribuyente y sin control ni jurídico, ni parlamentario.

Sorprende, y no es en absoluto positivo, que la sociedad perciba como ajena una trama que circunscribe a una crisis de poder en el seno del Partido Popular. Y no lo es, de una parte porque la mera constatación de que hoy se siguen vulnerando derechos fundamentales es una pésima noticia en un Estado de Derecho. Y de otra, porque el Partido Popular, una fuerza política que obtuvo en los últimos comicios más de diez millones de votos, sigue demostrándose incapaz de ceñir su marco de debate a las ideas y de afrontar sus crisis con un mínimo de sensatez.

En pleno siglo XXI el Partido Popular parece empeñado en rescatar lo que Weber definió como un Partido de Patronazgo: por encima del interés general, la conquista de prebendas. Y para tal fin, la imperiosa necesidad de detentar el poder.

Desconozco si la esperanza de Anacleto era aupar a su lideresa al control del PP pero de lo que no me cabe ninguna duda es de que tanto el uno como el otro se han estrellado en una senda plagada de “nanines”: Tamayo y Sáez, Romero de Tejada (y Picatoste), MIC Fotocopias, Caja Madrid.

Muñoz Molina decía que “salvo los imbéciles definitivos casi nadie carece del instinto de saber y de las ganas de contar”. Si algo sabemos los demócratas de bien, es que la línea que separa el respeto a los derechos fundamentales debe ser infranqueable. Y si algo estamos deseando contar, es que nuestra democracia es hoy lo suficientemente madura como para no tolerar la presencia de quienes, aun de forma chabacana, han transgredido de forma tan severa las reglas de juego.

Publicado en El Adelanto el 26 de Enero de 2009.

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