Desde hace años, uno de los debates que mayor controversia genera en la política es la judialización de la misma. De una parte, se critica a aquellos que recurren permanente a la vía jurisdiccional para torpedear la acción de gobierno de mayorías legítimas o de quien utilizan las Audiencias para lograr un protagonismo que las urnas no le dieron. De otra, quienes contraponen a esas críticas hechos incontestables: los gobiernos se saltan a la torera leyes que en su día promulgaron a su medida. Y si la Ley es igual para todos, exigir su cumplimiento es al tiempo un derecho, una obligación y una garantía.

En un vino de Navidad, Julián Lanzarote reconoció que en la tramitación del expediente del Corte Inglés seguramente se habían cometido errores pero que los Jueces deberían ponderar los mismos en aras de los intereses de la ciudad. “Cuando yo era pequeño me confesaba hasta de robarle una galleta a mi madre y el cura me mandaba a freir espárragos. Sería inadmisible que un Juez paralice El Corte Inglés por algo semejante a robar una galleta”.

Ocurre, muy a pesar de Lanzarote, que los Jueces -sea cual sea el sentido de su definitivo pronuciamiento- no deben ni pueden fijarse en el impacto político de la llegada de El Corte Inglés a Salamanca porque no es esa la controversia, sino la legalidad de un Convenio firmado por el Ayuntamiento, un empresario, y un Ministro de Defensa en funciones, con la anuencia de su sucesor -que también vió Maravillas en el discutido acuerdo-. En caso de que la Audiencia Nacional estime los recursos presentados por Los Verdes -antes también Foro de Izquierdas- la única conclusión política posible será la incapacidad política de Lanzarote, único responsable de malograr la oportunidad.

Otro botón de muestra son los reproches de Fernando Rodríguez advirtiendo a los ciudadanos de que en caso de que los jueces den la razón al PSOE en el proceso por el falseamiento de la fecha de B.O.P. “el Ayuntamiento perderá cinco millones de euros para que los ciudadanos recuperen una media de 45 euros”. No estaría de más recordarle al afamado ecónomo que han sido su empecinamiento y sus estrategias torticeras las que han hecho perder una suma de dinero mucho mayor, además de prestigio -al Ayuntamiento, a la Diputación y a sus funcionarios-.

Pero, al margen de que ante tanto desprecio a la Ley y al reglamento, parece obligado pedir el auxilio de los jueces, ¿es acertado el papel jugado por los políticos?

Evidentemente en el caso de quienes gobiernan sobran las palabras. En lo que a la oposición -en cualquiera de sus expresiones- se refiere, quizás falte reflexión. Porque algo falla cuando un político recoge miles de reclamaciones a la subida del IBI mientras es incapaz de hacer entender sus alternativas y de hacerlas atractivas.

Y porque cuando se desprecia intervenir en la política en aras del contencioso administrativo, se desvanece cualquier atisbo de referencia ética, para -citando a Manuel Sacristán- derivar en el narcisismo. No en vano, resulta más cómodo esperar a que Lanzarote haga de las suyas y convencer a un Magistrado, que hacer politica, remover conciencias y convencer al ciudadano.

Publicado en El Adelanto el 19 de Enero de 2009

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