El último informe presentado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones aporta un dato esclarecedor: en España, el sector de las telecomunicaciones cerró el último ejercicio con ganancias superiores a los diez mil millones de euros creciendo a un ritmo superior al 7%. En Salamanca, como es sabido por todos, 450 trabajadores de la empresa Qualytel, que opera para compañías como Orange, están amenazados por un despido encubierto.

Antes de abundar en lo obvio o de destacar silencios “sonados” como el de los dirigentes políticos de esta comunidad y provincia, el del anterior Ministro de Trabajo o el de la Universidad de Salamanca –que firmó un convenio de formación con la empresa- sería conveniente hacer tres reflexiones de fondo.

Primera reflexión: lo preocupante para Salamanca no es el despido de un tercio de los trabajadores de la empresa más grande de Salamanca –que evidentemente es un mal síntoma-. Lo crítico es que el “tejido industrial” salmantino esté representado por una empresa que contrata en precario y sin cualificación, que recibe ayuda institucional a cambio de muy poco compromiso, y que se puede deslocalizar “en menos de una mañana”. Ruge la crisis y en Salamanca no quedan ni las sillas.

Segunda reflexión: pese a que la Empresa Qualytel tiene previsto seguir ofreciendo sus servicios en otras plantas como Jaén, insiste en plantear el despido de sus trabajadores como un fin de obra y servicio. Todo ello para abaratar los costes de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), las molestias de una movilización y la intervención –siempre incierta- de la Autoridad Laboral. Los argumentos de los sindicatos parecen claros y buena muestra de ello es la aparente rectificación de la empresa. Sin embargo, del mismo modo que exigimos ahora a la empresa que justifique el fin de la obra o servicio, no habría estado de más que a la hora de permitir la firma de esos contratos, la empresa hubiera justificado “la autonomía y sustantividad” de las tareas realizadas bajo esa fórmula contractual. Touché.

Tercera reflexión: La primera crisis de los 90 sirvió para abaratar el despido. La siguiente, para flexibilizar las formas de contratación. Ulteriores crisis justificaron rebajas en la cuota empresarial a la Seguridad Social, la contención salarial. Cuando vienen mal dadas siempre salimos al rescate del empresario. Sin embargo, el primero en pagar la crisis es el precariado, que sustenta su proyecto de vida en el clavo ardiente del contrato por obra mientras sueña con trabajar sólo las horas que marca el Convenio y se pregunta si mereció la pena tanta formación para acabar así.

El modelo se agota, pero seguimos “E.R.E. que erre”.

Publicado en El Adelanto el lunes 18 de agosto de 2008

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