Para la izquierda, la mayor preocupación en momentos de crisis es que ésta no la paguen los de siempre. En momentos de recesión es cuando más falta hace que la administración invierta en gasto social para hacer más llevadera la crisis a quienes la sufren en primera persona.

En este contexto no es una mala noticia que los políticos hayan decidido “invertir” la tendencia siendo ellos quienes se congelen los salarios, sin permanecer ajenos a la realidad de la mayoría de los ciudadanos dando ejemplo de contención de gasto.

Otra cosas es que los bienintencionados gestos de los políticos vayan acompañados de una profunda carga propagandística y de decisiones de marcado carácter contradictorio.

Esperanza Aguirre decide congelarse el sueldo olvidando que hace unos meses le faltaron escrúpulos para asegurar que tenía problemas para llegar a fin de mes. Junto con la congelación de salarios, suprime las Consejerías “marianistas” dejando en evidencia que si no pasa nada por suprimir un órgano administrativo es porque éste era inútil desde el principio, o lo que es peor, que los problemas de partido se han traslado al ciudadano, aunque sea, por una vez, en forma de recorte de gasto.

Los principios de eficiencia y austeridad se convierten en reducción de personal y de gasto social. Es decir, que el efecto, para el ciudadano es diametralmente opuesto al que necesita.

En algunos casos, la contradicción es flagrante. Un ejemplo de ello lo representa el PSOE, que con tanta facilidad confunde “política social” con poner a un socialista al frente de un cargo político, o austeridad en el gasto con política de déficit cero.

En el caso del PP no puede hablarse de contradicción. Que Juan Vicente Herrera sea un político de talante no significa que tenga muy claro que una cosa es que se congele el sueldo de los altos cargos y otra bien distinta que vaya a dejar de nombrar todos los que sea menester con tal de tener unido el partido.

En el caso de la política local las noticias no son nada halagüeñas. Lanzarote sigue empeñado en castigar a los ciudadanos con tal de poder atizar al Gobierno, retomando la descabellada idea de subir el Autobús al tiempo que anuncia que congela la Oferta de Empleo Público. Aquí ya dan igual las necesidades de los servicios, el interés ciudadano o la crisis. Todo vale para castigar a la oposición (ya la ciudadanía).

En Santa Marta la cosa no entiende de ideologías. Siempre previsores, los ediles de PP y PSOE acordaron ya hace un año, que sus salarios no se actualizarían durante la legislatura. Claro que, previamente ya habían contemplado el salariazo. 54000 euros anuales por gobernar una localidad en la que la gran mayoría sueña con llegar a ser mileurista.