En Salamanca, una de las capitales de provincia con menor número de kilómetros de carril bici, circular sobre dos ruedas por las aceras tendrá una sanción mayor (3000 euros) que la de conducir (por poner un ejemplo) a 120 en coche por la Avenida de Los Cipreses. Así tiene previsto estipularlo el Ayuntamiento de Salamanca en una Ordenanza que tipifica como “antisocial” al ciclista y como un infractor de la Ordenanza de Tráfico al temerario conductor. Toda una declaración de intenciones y un bueno ejemplo de lo poco que hace falta para cabrear a una derecha ya de por sí enrabietada.

Semejante disparate solo es comprensible si se tiene la insana costumbre de discurrir con el intestino grueso o si, como es el caso de nuestra ciudad, los políticos tienen un odio visceral a la bicicleta y a los niños, los parques, los árboles, los barrios, y a un sinfín de colectivos, ideas, formas de convivir que le son ajenas y que por tanto concibe como peligrosas.

El problema de nuestra ciudad no es sólo que se conciba a los ciclistas como un peligro para la convivencia ciudadana. El problema es que, una vez más, el Partido Popular utiliza el cabreo de los ciudadanos ante actitudes aisladas para (re)instaurar un modelo de ordeno y mando, que persigue en último término completar una serie de actuaciones políticas que no buscan sino adormecer y controlar a la ciudadanía que participa, reprimir a quien opta por una movilidad alternativa, multar a quien se manifiesta, perseguir a quien difunde ideas y opiniones diferentes a las del Partido Popular.

Lanzarote concibe su mayoría absoluta como una patente de corso para hacer y deshacer de modo arbitrario, sin control de gobierno y sólo sujeto a un marco legal fácilmente vulnerable –aunque sea por las bravas-. Buena prueba de ello es su intento de “depurar” a la oposición de los órganos de control de empresas públicas y organismos autónomos, o la aprobación de una subida de impuestos indirectos inasumible para el 80 por ciento de los salmantinos. Lanzarote ha modificado el reglamento de participación ciudadana con la única idea de alejar al vecino de la participación y de dejarle claro al movimiento vecinal quién manda en esta ciudad y lo que pasa cuando se estorba al que manda.

Y como colofón a un primer año de legislatura sin proyectos ni soluciones, se pretende modificar “Ordenanza de prevención de conductas antisociales”, no sólo para prohibir la difusión de octavillas o la colocación de pancartas (si son de la oposición), sino para perseguir a las hordas de patinadoras y ciclistas. ¿De verdad se cree alguien que en Salamanca los usuarios de la bici constituyen un peligro para la convivencia?

En una ciudad gobernada por un Alcalde que en pleno siglo XXI mantiene al dictador Franco el título de Alcalde perpetuo cabe cuestionarse quién supone un verdadero problema de conflictividad democrática y de convivencia en esta ciudad.