A nadie sorprenderá que en Santa Marta Izquierda Unida se haya opuesto a la privatización de la Escuela Infantil que tiene prevista su apertura para el futuro curso y que ha sido construida por iniciativa y con dinero público. Lo relevante, es que sólo IU lo haya hecho en un municipio donde la oposición cuenta con nueve concejales, uno más (en teoría) que el Gobierno.

Llueve sobre mojado en la margen derecha del Tormes. En un municipio que ha tenido siete alcaldes en la última década y una media de seis candidaturas en cada proceso electoral resulta más que sorprendente la entente Gobierno-Oposición en las votaciones más importantes de la presente legislatura.

En once meses PP y PSOE han aprobado en sucesivos plenos, la “externalización” del servicio de recogida de basuras, de la limpieza viaria, de la Escuela de Música, y ahora, de la futura escuela infantil. Hasta las clases de ajedrez las imparten monitores de una ETT… El PSOE ha dado el visto bueno a dos presupuestos municipales (a cada cual menos progresista), a una Ordenanza de prevención de Conductas Antisociales, que tuvo que enmendar IU junta a cientos de vecinos, y apoyará un PGOU que contempla un crecimiento insostenible y sobre todo, irreal dada la recesión del mercado inmobiliario: 40.000 habitantes, miles de nuevas viviendas, bajas densidades, escasa VPO, y ningún metro cuadrado de municipalización de suelo.

A todo ello, hay que sumarle, “el pacto” PP – PSOE para aprobar un Reglamento Orgánico, que otorga al Alcalde más competencias, que deja a la oposición sin instrumentos para ejercer el control y que institucionaliza un sueldo de casi 60.000 euros anuales para el Alcalde. Todo ello “cocinado” sin participación ciudadana porque para eso, PP y PSOE pergeñan ya una modificación del Reglamento de Participación.

Con la excusa de garantizar la gobernabilidad, en Santa Marta se ha impuesto un estilo de gobierno despótico que delega en empresas de servicios la gestión de lo público, mientras se consolida un corpus legal antiparticipativo, excesivamente burocrático y que aleja a los ciudadanos de la política y a los políticos de las soluciones que necesitan los ciudadanos.

Inversión pública, lucro privado, mucha subvención para poco empleo, mucha ordenanza y poca participación. Y todo ello, con el beneplácito socialista.

Mientras el PSOE no se libere de las hipotecas (ellos sabrán cuáles) que le obligan a regalar esta legislatura, las políticas sociales y la participación corren serios riesgos en Santa Marta. Pero quizás las cosas cambien, porque más pronto que tarde, los vecinos empezarán a preguntarse ¿qué pasa en Santa Marta?